Traducido para IraqSolidaridad y BRussells Tribunal por Ricardo García Pérez

Hamid al-Mutlaq, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, poniendo sobre aviso tanto a Nouri al-Maliki, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, como a Sadoon al-Dulaimi, Ministro de Defensa, ha hablado de la tortura en las cárceles iraquíes y ha dicho que los guardias de prisiones violan a las presas las presas son violadas de forma. Al-Mutlaq declaró en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento que hay muchas presas a las que se tortura de forma rutinaria y que los responsables de esta situación son al-Maliki y al-Dulaimi. También añadió que es inaceptable que no se castigue a los funcionarios culpables de violar y torturar a las mujeres y a los niños. Del mismo modo citó los nombres de los presos que fallecieron como consecuencia de las torturas: Muhammad Judair Ubaid, Muhammad Muhi Sharji, Ibrahim Adnan Salih, Mahmud Ubaid Jamil, Hamed Jamil, Fadil Abdulàa, Omar Hisham y Muhammad Jasim Mezhir.

Al-Mutlaq señaló que el ejército y los cuerpos de seguridad iraquíes realizan muchas redadas y detienen arbitrariamente a ciudadanos para chantajearlos prometiéndoles que serán puestos en libertad bajo fianza. Afirmó que el gobierno y el Parlamento iraquí son responsables de esta situación de ilegalidad.

En agosto, una fuente cercana a los círculos de seguridad reveló que los funcionarios de los centros de detención de Bagdad ejercen todo tipo de torturas sobre los presos, como consecuencia de las cuales muchos de ellos murieron.

El diputado Hamid al-Mutlaq atribuye a Nouri al-Maliki y al Tribunal Supremo la responsabilidad de las violaciones cometidas en las cárceles contra las mujeres iraquíes y exige la puesta en libertad de estas víctimas, al tiempo que preguntó por qué quedan impunes tan vergonzosas prácticas.

Al Mutlaq declaró: “[…] La situación de la seguridad se ha deteriorado hasta un extremo que no se puede tolerar como el hecho de que los servicios de seguridad violen la dignidad de las mujeres durante las detenciones”.

Mutlaq manifestó su pesar por el hecho de que se detenga a mujeres y a sus hijas de más de 12 años bajo la acusación de terrorismo.

La situación de indefensión legal y violación que padecen las presas iraquíes se está convirtiendo en un grave problema para Maliki, pues cada vez más diputados, organizaciones civiles iraquíes y la población denuncian los abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno.

El jeque sufí Omar al-Naimi, emir de las tribus Naim de Iraq, instó al primer ministro Nouri al-Maliki y al portavoz parlamentario iraquí Osama Nujaifi a abrir de inmediato una investigación sobre el caso de las mujeres iraquíes detenidas que padecen violaciones flagrantes en la cárcel de mujeres de Bagdad.

En una nota de prensa emitida por su oficina el 25 de noviembre afirmó que “[…] se reciben denuncias de presas iraquíes acusadas de delitos múltiples, en su mayoría de terrorismo, que afirman estar sometidas a torturas y violaciones”.

El parlamentario Jalid Abdullá al-Alwani requirió al gobierno iraquí que facilitara la entrada a las cárceles de mujeres a las organizaciones de la sociedad civil con el fin de que éstas presten servicios a las internas y examinen la situación en que se encuentran.

Alwani declaró: “[…] Condenamos el silencio del gobierno ante los delitos de tortura y de violación que se cometen en el interior de las cárceles de mujeres”, e instó a que “[…] Los funcionarios revelen el nombre de los culpables de estos vergonzosos actos y a que, al mismo tiempo, reclamen que se condene a los guardianes culpables a la máxima pena”, y añadió: “[…] La dignidad de nuestras mujeres es la dignidad de todos los iraquíes».

El 26 de noviembre, centenares de ciudadanos se manifestaron en el centro de Ramadi, capital de la provincia de al-Anbar, para pedir al gobierno que iniciara la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas contra las mujeres en los centros de detención.

Los manifestantes agitaban pancartas en las que exigían al gobierno que investigara a fondo estas violaciones y creara una comisión para analizar la situación de las detenidas en las cárceles y diferenciar entre quienes habían sido detenidas injustamente y los elementos terroristas.

El 21 de octubre, un equipo de la ONG iraquí Hamurabi publicó su primer informe sobre la espantosa situación que se vive en la cárcel de mujeres de Bagdad y la de sus 31 presas condenadas a muerte por acusaciones de terrorismo al amparo del Artículo 4. El informe afirma que durante los interrogatorios los funcionarios han torturado a las mujeres con descargas eléctricas, palizas y violaciones. También la policía y los guardias que las custodiaban durante el traslado de la prisión de Tasfirat a la cárcel de mujeres de Bagdad las violaron. Dos miembros de la organización Hammurabi, William Warda y Pascal Warda, este último antiguo ministro de medio ambiente, recibieron autorización para visitar la cárcel. Dijeron que las presas del corredor de la muerte sufrían enfermedades infecciosas y sarna [1]. “[…] No reciben ninguna atención sanitaria, no se les permite bañarse y solo se pueden cambiar de ropa una vez al mes, lo que agrava su estado de salud”. La ONG afirmó que los niños encarcelados con sus madres son “[…] bombas de relojería que pueden explotar en cualquier momento”.

La organización también señalaba en su informe que hay 21 niños, algunos de ellos muy pequeños, que viven en la cárcel de mujeres y “[…] Sufren castigo sin haber cometido ningún delito”. En la prisión de mujeres hay un total de 414 detenidas, de edades que oscilan entre los 20 y los 65 años. Entre las internas había 18 mujeres condenadas a muerte, y todas se quejaban de negligencias y violencia de diverso tipo.

Pascal Warda, que encabezó el equipo de la organización Hammurabi, afirmó que las condiciones en que viven las presas, condenadas por ser terroristas suicidas, son lamentables e intolerables.

El informe citaba a un juez sin identificar que señala que “[…] Durante todo el proceso de investigación se cometen violaciones” y recomendaba la participación de las funcionarias de seguridad, pues se reducirían las posibilidades de cometer abusos.

Grupos internacionales de defensa de los Derechos Humanos se han quejado en varias ocasiones de la pervivencia de la tortura en las cárceles iraquíes, que se utiliza para arrancar confesiones a los detenidos, así como de la utilización de cárceles secretas.

El 8 de marzo de 2024 la periodista Serene Assir, miembro del Tribunal BRussells, describió con exactitud en Iraqi Women: Resilience Amid Horror cuál era la situación de las presas en general en el Iraq actual.

En la actualidad hay miles de mujeres en prisiones que están sujetas a la jurisdicción del Ministerio del Interior o del ejército, entrenado por EE UU y Reino Unido. Según la veterana activista iraquí Asma al-Haidari, otras se consumen “[…] En cárceles secretas, dirigidas por milicias fieles al primer ministro Nouri al-Maliki”.

El uso de la tortura y los abusos sexuales en las cárceles se ha convertido en una práctica sistemática en Iraq, según afirma al-Haidari, gracias al entrenamiento dirigido no solo por EEUU y Reino Unido, sino también por Israel e Irán.

Mientras están detenidas, muchas mujeres son violadas y acaban engendrando niños que jamás desearon. A algunas las violan en presencia de sus esposos e hijos con el fin de humillar a la familia y arrancar ‘confesiones’ a hombres sospechosos de oponerse a un gobierno criminal. En algunos casos, se detiene y encarcela a las mujeres, en lugar de a sus maridos.

La degradación de la secularidad en la sociedad iraquí bajo el peso de las milicias entrenadas y respaldadas por Irán también ha dado lugar a una nueva dinámica social en la que las mujeres pagan el precio más alto.

Cuesta trabajo imaginar cómo dar marcha atrás a las consecuencias de una década de opresión. Para empezar, el desmantelamiento de las instituciones del Estado en el año 2024 dejó sin trabajo a centenares de miles de mujeres. En un informe del año 2024 del Tribunal BRussells se estimaba que hasta el año 2024, el 72 por ciento de los trabajadores del sector público, incluidos maestros, eran mujeres.

A pesar del deterioro, muchas mujeres iraquíes han continuado adoptando un papel activo, incluso heroico. “[…] Las mujeres iraquíes han sido muy fuertes”, señalaba Zangana. Desde el año 2024, y sin dejar de aumentar desde febrero de 2024, las mujeres han ocupado la primera línea de las protestas en que se denunciaba la ocupación y el gobierno».

El quebrantamiento de los derechos de las mujeres, la tortura y la violación de las mujeres han llegado de manos de las tropas de ocupación estadounidenses. En junio de 2024, Muhammad Adham al-Hamd, Secretario general del Sindicato de Presos Políticos y Detenidos de Iraq, declaró que el gobierno de ocupación estadounidense en Iraq recurría a la violación, la tortura y el sadismo de forma sistemática contra las presas iraquíes en los campos de prisioneros de todo el país. Al-Hamd señalaba que los gravísimos delitos cometidos contra las mujeres en los campos de prisioneros del Iraq ocupado contaban con el apoyo y la bendición del ejército estadounidense, para quien ese tipo de prácticas era un medio para ejercer presión psicológica sobre los hombres implicados en el movimiento de resistencia con el fin de minar su moral y su voluntad de lucha.

Muhammad Adham al-Hamd hizo estos comentarios en una declaración acerca de los informes que confirmaban la presencia de un gran número de mujeres en campos de prisioneros a cargo de los estadounidenses; mujeres detenidas exclusivamente para violarlas y abusar de ellas con el fin de presionar a sus maridos, hermanos, hijos o padres.

Los años de ocupación estadounidense y británica han afectado al tejido social de Iraq y han contribuido al grave deterioro de los derechos de las mujeres iraquíes. Como signatario de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), el gobierno de Iraq debería adoptar con urgencia las medidas necesarias para mejorar la igualdad de género y la situación de los derechos de las mujeres.

Se debe responsabilizar a Estados Unidos y Reino Unido de este deterioro, de la destrucción del tejido social iraquí y de todos los demás delitos contra la humanidad que han cometido contra el pueblo de Iraq.