Traducido para Tribunal BRussells por Loles Oliván

En Kuala Lumpur, tras dos años de investigación de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC, por sus siglas en inglés), un tribunal (el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur, o KLWCT) integrado por cinco jueces con formación jurídica y académica han alcanzado un veredicto unánime por el que George W, Bush y Tony Blair han sido hallados culpables de crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y genocidio, como resultado de su papel en la guerra contra Iraq.

El juicio se llevó a cabo durante un período de cuatro días, del 19 al 22 de noviembre, e incluyó la oportunidad de que abogados defensores de oficio designados por el Tribunal presentaran ante la Corte argumentos y pruebas a favor de los acusados ​​ausentes. Estos habían sido invitados a presentar su propia defensa o a enviar un representante, si bien se negaron a hacerlo. El equipo de la fiscalía estuvo presidido por dos destacadas personalidades jurídicas con prestigiosas credenciales profesionales en el campo del Derecho: Gurdeal Singh Nijar y Francis Boyle. El veredicto emitido el 22 de noviembre 2024 coincidió con el 48 aniversario del asesinato de John F. Kennedy.

El Tribunal reconoció que su veredicto no resulta aplicable en la forma en que opera habitualmente un tribunal penal de un Estado soberano o tal como lo constituye un acuerdo internacional, como es el caso del Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, el KLWCT ha seguido un procedimiento jurídico que pretendía operar de manera legalmente responsable. Ello dotaría a sus conclusiones y recomendaciones un peso legal con el que se pretendía ir más allá de una condena moral de los acusados aunque no fuera de manera totalmente evidente.

El KLWCT añadió dos “Órdenes” a su sentencia aprobada de conformidad con la Carta del KLWCC que supervisaba el marco del funcionamiento del tribunal: 1) Informar del resultado de culpabilidad de los dos ex jefes de Estado acusados, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, y 2) inscribir los nombres de Bush y Blair en el registro de criminales de guerra establecido por el KLWCC.

El tribunal añadió asimismo una serie de recomendaciones en el veredicto: 1) Informar de los resultados de acuerdo con la Parte VI del Juicio de Nuremberg de 1945 (que reclama la futura rendición de cuentas) referida a los dirigentes políticos y militares de la Alemania nazi supervivientes, 2) presentar los informes de genocidio y crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya, 3) solicitar a la Asamblea General de la ONU que apruebe una resolución que exija a Estados Unidos poner fin a su ocupación de Iraq, 4) comunicar los resultados del Tribunal a todos los miembros del Estatuto de Roma (que regula la Corte Penal Internacional) y a todos los Estados que hacen valer la Jurisdicción Universal, que permite el enjuiciamiento de crímenes internacionales ante tribunales nacionales, y 5) instar al Consejo de Seguridad de la ONU a que asuma la responsabilidad de asegurar que es en el pueblo de Iraq donde residen los derechos de su plena soberanía y que la independencia de su gobierno sea protegida por una fuerza de paz de la ONU.

La campaña antibélica de Mahathir Mohamed

Estas iniciativas legales de la sociedad civil son el resultado de un proyecto a largo plazo llevado a cabo por el controvertido ex jefe de Estado de Malasia, Mahathir Muhammad, para desafiar el militarismo dirigido por los estadounidenses y movilizar a los países del Sur global a fin de organizar una lucha frontal contra el sistema de guerra.

Esta visión de una lucha revitalizada contra la guerra y contra el imperialismo post-colonial se estableció de manera integral en el notable discurso de Mahathir contra la guerra, de 24 de febrero de 2024, siento todavía primer ministro, en el que daba la bienvenida al Movimiento de Países No Alineados en Kuala Lumpur para su XIII Cumbre.

Su discurso incluyó en esa ocasión las siguientes afirmaciones que prefiguraron la creación de la KLWCC y del KLWCT:

La guerra debe ser declarada ilegal. Ello deberá constituir nuestra lucha, por ahora. Debemos luchar por la justicia y la libertad de la opresión y de la hegemonía económica. Pero en primer término, debemos eliminar la amenaza de la guerra. Con esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas nunca podremos conseguir promover los intereses de nuestros países. La guerra, por lo tanto, debe ser declarada ilegal. Su aplicación debe hacerse mediante fuerzas multilaterales bajo el control las Naciones Unidas. No se debe permitir que ninguna nación sea la policía del mundo, menos aún, que decida qué acción tomar, y cuando.

Mahathir declaró nítidamente en aquella ocasión que su intención al criminalizar la conducta de la guerra agresiva y los crímenes contra la humanidad era proporcionar ayuda a los pueblos victimizados —con especial referencia a los iraquíes, que estaban a punto de ser atacados un par de semanas más tarde, y a los palestinos, que durante mucho tiempo habían sufrido la desposesión colectiva y una opresiva ocupación. La dedicación de Mahathir para un mundo sin guerra se reafirmó a través de la creación de la Fundación Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra, y en su discurso inaugural de la Conferencia para la Criminalización de la Guerra el 28 de octubre de 2024.

El 13 de febrero 2024, Mahathir solicitó a la KLWCC que preparase un juicio contra Bush y Blair, a quienes hacía responsables de librar una guerra de agresión contra Iraq. Mahathir, abiertamente crítico de la guerra contra Iraq y sus secuelas, sostuvo en aquel momento que existía la necesidad de un foro judicial alternativo a una Corte Penal Internacional que no estaba dispuesta a acusar a los dirigentes occidentales. Mahathir, de hecho, insistió en que ningún líder debe poder escapar de la responsabilidad por tales crímenes contra las naciones y los pueblos. Reconocía con salvaje ironía los límites de la iniciativa propuesta: “[...] No podemos arrestarlos, no podemos detenerlos, y no podemos ahorcarlos del modo en que ellos ahorcaron a Saddam Hussein”. Mahathir también sostenía que “[...] el único castigo al que la mayoría de los líderes temen es pasar a la Historia con cierta etiqueta adjunta a ellos... Deben aparecer en los libros de Historia como criminales de guerra y ese es el tipo de castigo que podemos aplicarles”.

Mediante esta observación, Mahathir prefiguró el registro de criminales de guerra de la KLWCC que ha inscrito los nombres de aquellos condenados por el KLWCT. ¿Tendrá alguna relevancia? ¿Servirá de algún empuje un listado así en nuestro mundo?

En su declaración de 2024, Mahathir prometió que un futuro KLWCT, no sería, en sus palabras, “como la ‘farsa de juicio’ que enjuició a Saddam”. En verdad, las actuaciones judiciales contra Saddam Hussein fueron una farsa de juicio que excluyó pruebas muy relevantes, no autorizó una defensa significativa, y culminó con una ejecución grotesca y descreditada. Saddam Hussein fue objeto de persecución por múltiples crímenes contra la humanidad, así como por crímenes contra la paz, pero los formalmente “correctos” atributos de un juicio no pudieron ocultar el hecho de que ese fue un ejemplo vergonzoso de la justicia de los vencedores. Por supuesto, los medios de comunicación, si es que llegan a informar de las iniciativas de la sociedad civil, las condena precisamente con la misma retórica que Mahathir utilizó para atacar el juicio de Saddam, insistiendo en que el KLWCT es una “farsa de tribunal” o un “circo”. Los medios de comunicación occidentales, sin excepción, han ignorado este procedimiento en contra de Bush y Blair, presumiblemente por considerarlo irrelevante y una parodia de la ley, mientras han prestado una considerable atención al casi simultáneo Tribunal de Crímenes de Guerra de Camboya respaldado por la ONU para perseguir a agentes sobrevivientes de los Jemeres Rojos acusados ​​de comportamientos genocidas en la década de 1970. Para los medios de comunicación global, el patronazgo marca la diferencia.

Jurisdicción Universal

El KLWCT no se desarrolló completamente en un vacío jurisprudencial. Desde hace tiempo se reconoce que los tribunales penales nacionales pueden ejercer la jurisdicción universal para los crímenes de Estado donde quiera que tengan lugar, aunque por lo general sólo si los individuos acusados ​​se encuentran físicamente presentes en el tribunal. En el Derecho estadounidense, el Acta Alien Tort permite acciones civiles siempre que se dé la jurisdicción personal de la parte demandada por delitos como la tortura cometidos fuera de Estados Unidos.

El ejemplo más influyente fue el de la Decisión Filartiga de 1980 que reconocía los daños y perjuicios a una víctima de tortura en el Paraguay autocrático (Filártiga v. Peña 620 F2d 876). Es decir, se entiende que los tribunales nacionales tienen la autoridad legal para procesar a individuos acusados ​​de crímenes de guerra en cualquier parte del mundo en que el delito haya sucedido. La teoría jurídica subyacente se basa en el reconocimiento de la limitada capacidad de los juicios penales internacionales para imponer la rendición de cuentas de manera que no esté totalmente dictada por las prioridades geopolíticas y por el reflejo de la lógica de la impunidad. En este sentido, la jurisdicción universal tiene el potencial de tratar a iguales igualmente, y constituye una gran amenaza a los Kissingers y Rumsfelds de este mundo. Estados Unidos e Israel han utilizado su influencia diplomática para hacer retroceder la autoridad jurisdicción universal en Europa, especialmente en el Reino Unido y Bélgica.

Hasta cierto punto, el KLWCT está tomando un camino paralelo a la responsabilidad penal. No pretende tener la capacidad de ejercer el castigo físico, y apuesta sus pretensiones de eficacia en la publicidad, en la educación y en la justicia simbólica. Estas iniciativas han llevado a cabo de vez en cuando desde [que se constituyó] el Tribunal Russell de 1967 para atender las denuncias penales derivadas de la Guerra de Vietnam, cuando existe una indignación pública y ante la ausencia de una respuesta adecuada por parte de los gobiernos o las instituciones de la sociedad internacional.

En 1976, la Fundación Lelio Basso de Roma estableció el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que generalizó la experiencia del Tribunal Russell. Consideraba que existía una urgente necesidad de llenar el vacío institucional en la administración de justicia de todo el mundo como resultado de la manipulación geopolítica y del doble rasero de los regímenes jurídicos formales. Durante las décadas siguientes, el TPP se dedicó a una serie de temas que abarcan desde las denuncias de la intervención estadounidense en América Central y la intervención soviética en Afganistán a los derechos humanos en la dictadura de la Filipinas de Marcos, el despojo de las comunidades indígenas en el estado de la Amazonía de Brasil, y la negación del derecho de autodeterminación al pueblo de Puerto Rico.

El precedente más directo del KLWCT fue el Tribunal Mundial sobre Iraq (WTI, por sus siglas en inglés), celebrado en Estambul en 2024, que culminaba una serie de audiencias llevadas a cabo en todo el mundo entre 2024 y 2024 sobre diversos aspectos de la guerra de Iraq. Al igual que con el KLWCT, también se centró en la supuesta criminalidad de los que se embarcaron en la guerra contra Iraq. Los procedimientos del WTI presentaron numerosos testigos expertos, y produjeron una sentencia que condenó a Bush y Blair, entre otros, así como reclamó una serie de medidas de aplicación simbólica y social.

La Declaración de Conciencia del jurado contenía esta lengua general:

La invasión y ocupación de Iraq fue y es ilegal. Las razones esgrimidas por los gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido para la invasión y ocupación de Iraq en marzo de 2024 han demostrado ser falsas. Hay muchas pruebas que apoyan la conclusión de que el motivo más importante para la guerra fue controlar y dominar Oriente Próximo y sus vastas reservas de petróleo como parte de campaña de Estados Unidos por la hegemonía mundial... En la persecución de su agenda imperial, los gobiernos de Bush y Blair ignoraron descaradamente la oposición colectiva a la guerra expresada por millones de personas todo el mundo. Se embarcaron en una de las guerras más injustas, inmorales y cobardes de la historia.

A diferencia del KLWCT, el tono y la sustancia del resultado oficial del WTI fue moral y político más que jurídico en sentido estricto, a pesar de la definición legal de la investigación. Para una descripción completa, véase: Muge Gursoy Sokmen's World Tribunal on Iraq: Making the Case Against War (2008). 

Justificación de los Tribunales

Dos semanas antes del KLWCT, una iniciativa similar en Sudáfrica examinó las denuncias de apartheid dirigidas a Israel en relación con la desposesión de los palestinos y la ocupación de una parte de la Palestina histórica (se trata del Tribunal Russell sobre Palestina, Sesión de Sudáfrica, 5 a 7 de noviembre de 2024).

Todos estos eventos “jurídicos” tenían algo en común: el sistema mundial de los Estados y las instituciones no estaba dispuesto a investigar un conjunto particular de hechos, y respondieron eficazmente a lo que muchas personas cualificadas y preocupadas creen que es una gran injusticia. En este sentido, había una intensa motivación ética y política detrás de esas iniciativas de la sociedad civil que invocaba la autoridad del Derecho. ¿Pero estas iniciativas se califican realmente como “Derecho”? La respuesta a tal pregunta depende de si a los procedimientos formales de los Estados soberanos y sus descendientes indirectos —las instituciones internacionales— se les confiere el monopolio de la administración legal de la justicia. Yo me alinearía con quienes que creen que los  pueblos son la fuente última de autoridad legal y que tienen el derecho de actuar por su cuenta cuando los procedimientos gubernamentales, como en estas situaciones, se inhiben de tal modo debido a la geopolítica que no tienen en cuenta las graves violaciones del Derecho Internacional.

Más allá de esto, no debemos descuidar el registro documental elaborado por estas iniciativas de la sociedad civil que operan con escasos recursos. Sus denuncias casi siempre muestran una comprensión objetiva de las pruebas disponibles y de la legislación aplicable, aunque a diferencia de los procedimientos gubernamentales, esta evaluación se realiza, efectivamente, antes de que se inicie el procedimiento.

Es esa garantía del avance de la criminalidad lo que proporciona la motivación para llevar a cabo una formidable organización y recaudación de fondos necesarios para poner en marcha la iniciativa. Pero, ¿resulta ese conocimiento anticipado de los resultados tan diferente de los procedimientos por crímenes de guerra bajo auspicio de los gobiernos? Las acusaciones por casos de crímenes de guerra de marcado perfil se hacen sólo cuando la prueba de culpabilidad resulta abrumadora y decisiva, y el resultado del juicio se conoce como una cuestión de certeza virtual antes de que comience el proceso.

En ambos casos, el tribunal realmente no trata de determinar la culpabilidad o la inocencia, sino que más bien tiene la intención de aportar las pruebas y el razonamiento que valida e ilumina un veredicto de culpabilidad y sus recomendaciones resultantes, en un caso, y la sanción penal en el otro. Es, por supuesto, imposible que los tribunales de la sociedad civil hagan valer sus resultados en el sentido convencional. Su desafío es más bien difundir el juicio tan amplia y eficazmente como sea posible. Una publicación del Tribunal Permanente de los Pueblos puede llegar a ser a veces sorprendentemente influyente en forma de libro, dada la amplia base de hechos que presenta para alcanzar su veredicto. Ese fue el caso para que se generase la militancia opositora en las Filipinas de la década de 1980 durante los últimos años del régimen de Marcos.

El legalismo del KLWCT

El KLWCT tiene identidad propia. Cuenta con el sello de un influyente ex jefe de Estado del país donde se celebró el Tribunal, lo que confiere al conjunto de la iniciativa un carácter cuasi-gubernamental. También tuvo en cuenta la amplia campaña de Mahathir contra la guerra en general. El organismo que evalúa al Tribunal estaba compuesto por cinco destacados juristas, incluidos magistrados, de Malasia, que impartían un sentido adicional de profesionalidad. El juez principal fue Abdel Kadir Salaiman, un ex juez del Tribunal Federal de Malasia. Otras dos personas que fueron anunciadas como jueces fueron recusados ​​en el inicio del proceso debido a un sesgo supuestamente relacionado con la participación previa en un proceso similar, y otro debido a una enfermedad. También hubo un competente equipo de la defensa que presentó argumentos al  objeto de exonerar a los acusados ​​Bush y Blair, aunque la calidad de los argumentos jurídicos que ofrecieron no fue tan convincente como las pruebas.

El Tribunal operó en estricta conformidad con una carta que había sido aprobada previamente por la KLWCC, e impartió un tono legalista en el procedimiento. Esta afirmación de legalismo resulta el rasgo más distintivo del KLWCT —a diferencia de iniciativas similares que se basan más en una aplicación profesional y flexible de la ley mediante personalidades de autoridad moral reconocida y figuras relevantes del mundo de la cultura sin pretensiones de familiaridad con el procedimiento legal ni con las claves del Derecho sustantivo. En este sentido, el Tribunal de la Guerra de Iraq celebrado en Estambul en 2024 fue muy característico. Se pronunció sobre el Derecho y formuló recomendaciones sobre la base de una evaluación de pruebas orientada política y moralmente por un jurado de conciencia. El Tribunal estuvo presidido por el aclamado escritor y activista indio Arundhati Roy, e integrado por una serie de personas de notables logros públicos, pero sin pretensiones de un conocimiento experto sobre el Derecho relevante, aunque los numerosos testimonios de expertos en Derecho Internacional aportaron un convincente apoyo a las alegaciones de criminalidad. Además, a diferencial KLWCT, no tuvo pretensión de ofrecer defensa alguna frente a los cargos.

¿Tribunales de “conciencia” o de “Derecho”?

A la jurisprudencia popular se le plantea la cuestión de si es preferible y más influyente basarse en la “conciencia” o en el “Derecho” para este tipo de iniciativas no gubernamentales. Los medios de comunicación más incluyentes orientados por los Estados no se han detenido a atender esta cuestión en ninguno de los casos, ni siquiera para hacer una crítica. En este sentido, sólo las fuerzas populares democráticas con una visión cosmopolita hallarán tales resultados, tal y como notablemente avanza Kuala Lumpur hacia el establecimiento de lo que Derrida llama la “democracia por venir”. Que esas fuerzas se conviertan en numerosas y se hagan oír sigue siendo incierto. Una posible vía para una mayor influencia sería utilizar de manera más imaginativa los potenciales de las redes sociales para informar, explicar, educar y persuadir.

Esta última sesión del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur ofrece una crítica devastadora de los fracasos persistentes en los mecanismos internacionales de rendición de cuentas establecidos por el Derecho Penal para administrar justicia justamente, es decir, sin los filtros de la impunidad proporcionados por las jerarquías existentes del poder duro.

Richard Falk es profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Princeton y Profesor Visitante Distinguido de Estudios Globales e Internacionales de la Universidad de California, Santa Bárbara. Ha escrito y editado numerosas publicaciones que abarcan un período de cinco décadas, y ha publicado recientemente el volumen Derecho Internacional y Tercer Mundo: Remodelar la Justicia (Routledge, 2024). Es miembro honorario del Tribunal BRussells. En la actualidad cumple su tercer año de un período de seis años como Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos palestinos.